LOS DESPACHOS LABORALISTAS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN POLÍTICA (1970-1985)IGNASI DOÑATE SANGLAS

La asociacció per la  memoria historica i democratica  del Baix Llobregart en su web http://www.memoria-antifranquista.com/biblioteca/ publicó este artículo en el número 10  de su revista Memoria antifranquista  dedicada en este caso a la contribución de los abogados laboralistas a la lucha por la democracia. Gracias al trabajo de recopilación histórica de  Paco Ruiz Acebedo, presidente, y demás miembros de la asociación podemos recordar y homenajear a los abogados laboralistas que en los oscuros años del franquismo pusieron su trabajo y conocimiento al servicio de los trabajadores.

Para muchos de los jóvenes estudiantes de derecho de los años 70  el ejemplo de los despachos laboralistas fue  nuestra referencia vocacional. Sirva este articulo para dar testimonio de su lucha, especialmente para recordar a los abogados de Atocha y particularmente a  los abogados Pedro Ibarra Guell y Juan Luís Ibarra del famoso despacho de Maximo Aguirre de Bilbao, donde encontré refugio después de un incidente en la Universidad de Deusto,a Begoña Zabala que pasó un tiempo por el barrio obrero de Otxarkoaga,  a Elvira Posada que conocí en Barcelona y a Paquita Sauquillo reputada abogada madrileña con la que compartí militancia política  en la transición.

Mikel Toral

 

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LOS DESPACHOS LABORALISTAS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN POLÍTICA (1970-1985) IGNASI DOÑATE SANGLAS

Introducción

Voy expresamente a referirme a “despachos laboralistas” y no simplemente a “abogados laboralistas”. De abogados laboralistas los hay y los habrá, de hecho hay una asociación española que agrupa a un sector de ellos, a la mayoría de los cuales no conozco. Como anuncia su web “hablan de trabajo”. El colectivo de “despachos laboralistas” al que me refiero hablaba de servicio de los trabajadores, a los principios democráticos, a las libertades nacionales de las diferentes naciones del Estado, al socialismo, a la unidad y autonomía de la clase obrera. Se trataba del núcleo de despachos colectivos que entre los años 1970 a 1985, centrados en la defensa de trabajadores como motivo, desempeñaron una función profesional y política en el marco general de la llamada transición política española. El fenómeno de los despachos laboralistas lo veo aparecer a finales de los años sesenta y, muy especialmente a primeros de los setenta, cuando el régimen franquista se encontraba en su última etapa biológica y empezaban a aparecer las diversas “familias” del régimen que optaban por su continuidad. A pesar de ello, el proceso era de un declive imparable, incapaces estos sectores de dar respuesta a la demanda de liberalización del mercado interno, por un lado, y a las demandas generalizadas de una democratización que permitiera acceder al poder político mediante procesos electorales propios de las democracias parlamentarias. Debo indicar en honor a la verdad, que mi percepción y relato, como persona nacida en Cornellá de LLobregat, en la comarca del Bajo LLobregat, vienen condicionados y enriquecidos por mi aproximación al movimiento obrero que se desarrolló en esta comarca en el período comprendido entre los años 1966 y 1980; por mi opción de ejercer como abogado laboralista justo acabada la carrera universitaria, por mi condición de miembro de la “Coordinadora Estatal de Abogados Laboralistas”; por mi condición de abogado defensor ante el Tribunal de Orden Público, el originario y el posteriormente rebautizado como Audiencia Nacional; por mi pertenencia a las comunidades cristianas de base de Cornellá y a los movimientos católicos; por mi militancia en las comisiones de barrio de mi ciudad y por mi participación en las múltiples plataformas antirepresivas y de solidaridad que, a pesar de su carácter puntual, suponían por el carácter represivo del régimen y por las opciones políticas que se abrían en el proceso de transición, un trabajo continuado y permanente durante aquellos años.

Antecedentes sociales

Los conflictos obreros de finales de los cincuenta, especialmente en Cataluña, Asturias y el País Vasco, estuvieron directamente relacionados con el proceso inmediato posterior a la apertura económica iniciada con la Ley de Convenios Colectivos de 1958. Se iniciaba un proceso de liberalización económica, en el que se reconocía la conveniencia de establecer condiciones laborales en función de las estrategias de cada empresa o sector productivo, lo que implicaba el reconocimiento de la iniciativa empresarial y obrera en el proceso de negociación colectiva. Era la década de los cincuenta, de grandes procesos migratorios hacia Europa o hacia las zonas urbanas de Madrid o Barcelona. Por aquellos años Cataluña recibía procedente del Sur prácticamente un millón de habitantes, atraída por el proceso de industrialización. En aquella década los municipios del entorno metropolitano de Barcelona doblaron su población. Se estaban poniendo las bases sociales de lo que 68 más adelante, a finales del franquismo, se hablaría del “cinturón rojo” de Barcelona, especialmente referido a la comarca del Bajo Llobregat.

Los primeros laboralistas en Barcelona

En Barcelona, los primeros abogados laboralistas que conocí en la década de los sesenta fueron Antoni Cuenca Puigdellívol, Francesc Casares Potau y August Gil Matamala. Eran abogados que, individualmente y sin tener todavía las plataformas que más tarde constituirían los “despachos laboralistas”, se pusieron al servicio de las capas más desfavorecidas de la población y se posicionaron al servicio exclusivo de trabajadores, faltos por entonces de representación y defensa en el marco del sindicato único y vertical. Estos abogados eran una expresión de los colectivos sociales y políticos que más fuertemente apuntaban contra el régimen: los cercanos a la inspiración católica manifestada en la fuerza significativa de las organizaciones cristianas obreras (HOAC, JOC y ACO) y los procedentes de la nueva oposición política organizada, por aquel entonces protagonizada por el PCE y por el PSUC en Cataluña. Antoni Cuenca era un laboralista exponente de la importancia de los primeros movimientos obreros cristianos, alrededor de los cuales se vehicularon en Cataluña buena parte de las primeras formas de organización contra el régimen franquista. August Gil Matamala, dirigente del PSUC en aquella década, se hacía cargo de una buena parte de la defensa de conflictos canalizados por trabajadores simpatizantes o pertenecientes a la órbita de PSUC. Cuenca, Gil y Casares coincidieron en convertirse cada uno de ellos en formadores de nuevos abogados laboralistas que progresivamente pasaban a atender la creciente demanda de profesionales que atendieran a los trabajadores en los conflictos obreros cada día más frecuentes, conflictos que debían ser asesorados fuera del marco del sindicato vertical franquista. Buena parte de los despachos laboralistas que se fundaron en Barcelona en la década de los años 70 se constituyeron por abogados que en su día se iniciaron con o al lado de Cuenca, Gil o Casares. Los tres fueron en Cataluña los que pusieron las primeras piedras de un modo de ver la profesión al servicio de los más desfavorecidos. De ellos surgirían posteriormente los tres sectores de abogados laboralistas de la transición: los de inspiración cristiana, más cercanos a grupos independientes o anarquistas, los del entorno del PSUC representado a partir de los 70 en Albert Fina y Montserrat Avilés y un tercer sector de abogados de izquierda, de diverso signo político o independientes, pero agrupados por el hecho de no compartir la línea política o las formas de actuación del comunismo organizado mayoritariamente en el PCE o en el PSUC.

Los despachos laboralistas

Mi primer contacto directo con un despacho laboralista fue en Cornellá, con motivo de la división interna de sus miembros Albert Fina, Montserrat Avilés, Francesc Gallissà, Jordi Oliveres y otros. Era por el año 1971 o 1972, en un despacho de la Plaza Canfaso, en el que como espectador, recién licenciado y sin ejercicio, asistí al fuerte enfrentamiento verbal y dialéctico entre el sector de Albert Fina -arropado fuertemente por trabajadores del PSUC de la comarca- y el sector de Gallissá, Manté y Oliveras. De esta discusión se derivó el cierre de aquel despacho –se mantendría el colectivo de Fina/Avilés- y el nacimiento de lo que en el tiempo llegaría a ser el “Col•lectiu Ronda”. Era mi bautismo de fuego en el complejo mundo “políticosindical-social-profesional” de los despachos laboralistas y mi primera aproximación a las distintas opciones de defensa de trabajadores que se estaban abriendo en función de las distintas estrategias sindicales y de las relaciones del movimiento obrero organizado con las organizaciones políticas de aquel entonces. Al margen de discrepancias ideológicas o políticas, mi opción como laboralista fue la que en aquel momento se derivaba del proceso de liberación social, sindical y política que se vivía en el tardo franquismo. Parecía la opción más normal, la más acorde con los tiempos, al margen de las evidentes dificultades que ello conllevaba a nivel personal, de implicación social, de inseguridad y de precarias perspectivas económicas. A tomar esta opción ayudaba el alto nivel de consideración personal y profesional de la mayoría de los abogados laboralistas conocidos, que renunciaban a un enfoque personal de la profesión. Tuvimos la suerte de vivir unos años de gran intensidad: movilizaciones obreras, sociales, universitarias, grandes debates ideológicos, largas noches de debate político, la constante aparición y desaparición de nuevos y viejos partidos, de nuevas y viejas opciones sindicales. De la utopía de la unidad del movimiento obrero a la pluralidad de opciones sindicales, de la utopía socialista al “qué menos” que la democracia parlamentaria, de la “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia” a la criminalización del independentismo y al “café para todos” como salida por la tangente de una España supuestamente plural. Unos procesos que marcaron los límites de una actuación profesional dedicada exclusivamente al movimiento obrero, popular y antirepresivo. Un movimiento obrero que era la punta de lanza en la lucha contra el régimen económico y político del franquismo y que tuvo su máximo exponente en la fundación en Barcelona de Comisiones Obreras el año 1964, como movimiento unitario. Este mismo año ya se reunían las Comisiones Obreras del Baix Llobregat en una parroquia de Cornellá y el año 1966 ya se presentaron a las elecciones del sindicato vertical franquista en una clara estrategia de “utilización” de dicha estructura como plataforma logística. El año 1967 fueron detenidos 42 de sus miembros en otra parroquia de mi ciudad. La utilización 69 de los llamados “medios legales” y su significación política fue uno de los aspectos claves de la progresiva aparición de tendencias en el seno del movimiento obrero, llegándose al punto de constituirse el año 1972 una segunda coordinadora de CCOO en el Bajo Llobregat. La división política no impidió que en los conflictos obreros de los primeros años 70 se mantuviera la unidad de acción, bajo la dirección de la coordinadora mayoritaria de CCOO. Mi inicio como abogado laboralista coincide con las huelgas generales en el Bajo Llobregat de la Elsa y de Laforsa; los conflictos de Corberó, Tuperin, Vidrieras Masip, PirelliWamba, Cláusor, Siemens o Solvay. En un entorno social de lucha por la canalización del río como solución a las reiteradas inundaciones que padecía Cornellá, de huelgas contra la carestía de la vida, de acciones en los institutos contra la Ley de Educación, de luchas en los barrios en solidaridad con los conflictos obreros y por sus problemas específicos denunciados desde las “Comisiones de Barrios y Fábricas”. La pluralidad sindical se consolidó finalmente el año 1976 a nivel estatal y ello repercutió seriamente en las opciones que se discutían en el Bajo Llobregat: aparecen la UGT y la CNT y en un fuerte debate interno Comisiones Obreras se constituye en sindicato. Así pues, a pesar de la unidad de acción, la pluralidad sindical se instauró en el Bajo Llobregat en el marco de fuertes resistencias políticas y sindicales.

Del “Grupo de Abogados Laboralistas” a la “Coordinadora Estatal de Despachos Laboralistas”

Desde finales de los años 60, abogados de izquierda fuera del marco de la ideología comunista mayoritaria del PCE, se venían reuniendo informalmente y periódicamente para compartir experiencias profesionales y analizar los conflictos sociales y obreros que se daban en las diversas zonas del Estado donde tenían incidencia. Ya muerto Franco, con las diversas expectativas de la izquierda comunista y no comunista y con el establecimiento de la pluralidad sindical, el mes de abril de 1976 se establecieron las bases constitutivas del “Grupo de Abogados Laboralistas”, aprobadas por las distintas zonas del Estado que por aquel entonces se venían coordinando: Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Navarra, Valencia y Logroño. En el “Grupo” coincidían abogados fuera de la órbita del PCE, del PSOE y del PTE y de inicio se rechazaron los despachos dependientes exclusivamente de una organización política, cualesquiera que fuere. El Grupo se definía como integrado “por abogados laboralistas de despachos colectivos”, que se consideraban “instrumentos al servicio del movimiento obrero de cada zona”, que se planteaban “el análisis crítico y el enfrentamiento con la legalidad burguesa”, en el proceso de “lucha por la revolución socialista”. Como objetivos, el grupo se centraba en intercambiar experiencias de organización interna de los despachos y de cómo participaban en los mismos las clases trabajadoras. Se procuraba profundizar en las cuestiones sindicales y en la unificación de criterios en la lucha antirepresiva, excluyendo literalmente el objetivo de elaborar una línea política o de pretender unificar la diversidad política e ideológica existente entre sus miembros. El objetivo general era el de coordinar las actividades de los despachos de las distintas plataformas de zona, entre las cuales destacaban las de Cataluña y Euskadi. Como contribución a la memoria casi histórica –no han transcurrido todavía cincuenta años desde entonces- debe indicarse que a este grupo de abogados del año 1976 se sumaron otros de diversas zonas, ampliándose la coordinación a abogados de Andalucía, de Castilla y de Galicia. De este modo se llegó a coordinar en el tiempo y en distinta forma – de acuerdo con la información de que dispongo y sin la pretensión de que sea completa- más de 60 despachos laboralistas –ver Anexo 1- en el que trabajaron más de 130 abogados –ver Anexo 2- , sin contar con el resto de miembros de los mismos despachos –economistas, graduados sociales, administrativos…- que eran considerados como miembros activos de los diversos colectivos, en igualdad de condiciones que los propios laboralistas. El “Grupo” se convirtió pronto en la “Coordinadora Estatal de Abogados Laboralistas” y sus postulados se concretaron el año 1979 en los llamados “cinco puntos de Bilbao”, que explicaban de qué manera “los despachos pretendían estar al servicio del movimiento obrero en su lucha en todos los terrenos para la consecución del socialismo”. El marco de trabajo de los despachos era el de la “autoorganización de la clase obrera”, por lo que se entendía que “cualquier iniciativa de lucha, de acción, de organización, debe partir del mismo movimiento obrero”. Los “cinco puntos de Bilbao” eran la plasmación de cómo los despachos veían el movimiento obrero organizado en su proceso de lucha por el socialismo, puntos que a modo de resumen se concretaban en: 1.la lucha por la UNIDAD del movimiento obrero desde la base. 2.la INDEPENDENCIA del movimiento como consecuencia del proceso de autoorganización. 3.la GLOBALIDAD como marco de integración de las luchas económicas, políticas, culturales…gestionadas desde las asambleas como única instancia de decisión. 4.la DEMOCRACIA DE BASE O DIRECTA, bajo cuyo principio las decisiones debían ser adoptadas por los propios afectados, mediante representantes o delegados revocables. 5. el ANTICAPITALISMO como máxima expresión de la lucha autónoma de la clase trabajadora contra el sistema capitalista. Como conclusión, los despachos coordinados se situaban al margen de las centrales sindicales y de los partidos políticos, en su lucha por la UNIDAD en el seno de la clase obrera y en la potenciación de la DEMO- 70 CRACIA DIRECTA contra el sistema capitalista. Por ello los despachos se declaraban abiertos a cualquier trabajador, sin encerrarse en los postulados referenciados, por lo que se decían abiertos a desarrollar su servicio técnico de acuerdo con las circunstancias de consolidación de la lucha de la clase obrera. La Coordinadora se mantuvo activa hasta mediados de los años ochenta. Durante este período aproximado de quince años los despachos se manifestaron públicamente en algunas ocasiones. Los postulados ideológicos comunes permitieron que se redactaran y firmaran “circulares” conjuntas referidas básicamente a las disposiciones que dibujaban el nuevo marco de relaciones laborales. Asimismo se llevaron a cabo actuaciones conjuntas de defensa de trabajadores y en la defensa de represaliados políticos en muchos juicios ante la Audiencia Nacional hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, actuaciones judiciales en las que participaban diversos despachos coordinadamente. Entre los conflictos laborales más importantes recuerdo la intervención en el juicio por 42 despidos de trabajadores de FASA-RENAULT, de Valladolid -junio de 1975- y el conflicto de ROCA RADIADORES de Gavá, de los años 1976-1977. Sobre ellos poco se ha escrito, pero de su sólo relato de desprenden fácilmente las diversas opciones sindicales planteadas en los mismos, así como la función integral de apoyo que los abogados laboralistas prestaron al movimiento obrero en aquellos conflictos.

Epílogo

Con el tiempo, la consolidación de las nuevas estructuras sindicales y la instauración de la democracia parlamentaria dejaron sin espacio político los “despachos laboralistas” clásicos, cualesquiera que fuera su orientación. También la Coordinadora Estatal quedó sin espacio de desarrollo. La pérdida de las referencias ideológicas en el marco de la “socialdemocracia” y las renuncias políticas que conllevó el proceso de transición política situaron los “despachos laboralistas” en el “margen” de la historia recién. Algunos de los abogados laboralistas más reconocidos ya no se encuentran entre nosotros, otros se reciclaron como profesores universitarios y otros abandonaron el ejercicio de “abogado laboralista” por no responder a las circunstancias sociales y económicas actuales. Finalmente, otros han adaptado sus estructuras profesionales a las nuevas exigencias sociales y técnicas. Aun manteniendo en algunos casos la función básica de asesoramiento laboral, algunos de estos despachos se han abierto a las nuevas formas del movimiento cooperativista, a las nuevas exigencias ecológicas, a la defensa de personas criminalizadas por sus posiciones nacionalistas o por sus posiciones sociales alternativas, a la problemática de la inmigración o a la defensa de colectivos corporativos. La experiencia de los “despachos laboralistas” es irrepetible en cuanto se desarrolló en el marco de la transición política posterior al franquismo. Pero el patrimonio acumulado con las especiales relaciones que se establecieron entre profesionales del derecho y el movimiento obrero, como punta de lanza del cambio político, ahí queda. En la actualidad otros procesos de cambio están en marcha. Ya con distintas formas, sin el halo de los “despachos laboralistas” de la transición y en el ámbito de la era de la globalización, otros profesionales siguen haciendo de su trabajo, hoy y ahora, como se hizo antes, un servicio integral a los desposeídos, presos, marginados, inmigrantes, olvidados de la historia, comprometidos en la lucha por la igualdad de género, en la lucha por la autodeterminación de los pueblos y por un proceso democrático en retroceso por razones internas y globales. De ellos también será la historia, pues son los que atienden las nuevas realidades de explotación los nuevos tiempos y no quieren perderse la experiencia, la locura, de ser agentes, unos más pero agentes al fin y al cabo, de los procesos de cambio o de transición a un mundo mejor y posible. ¡Alguien habrá que lo escriba!

Ignasi Doñate Sanglas Abogado laboralista. Socio de la AMHDBLL Cornellá de LLobregat, mayo de 2010.

 

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